Los resultados electorales de este año no fueron particularmente distintos de los de la elección federal intermedia de 2003. La proporción de votos de las tres formaciones políticas mayores no varió de forma significativa. En 2003, el PRI obtuvo 36.8% de los votos depositados en las urnas, mientras que el PAN alcanzó 30.8% y, el PRD, 17.6 por ciento. En 2009, el PRI obtuvo 36.9%, una décima más, el PAN 28% y el PRD 13 por ciento. Vistas así las cosas, las sorpresas de la elección, y en buena medida la percepción sobre vencedores y vencidos, vinieron del ámbito local.
Un dato diferencia a esta elección de otras intermedias: el PRI y el PVEM alcanzan juntos la mayoría en la Cámara de Diputados. Si se toma en cuenta que el PAN no posee suficientes votos para sostener el veto presidencial sobre el Presupuesto de Egresos, el PRI y sus socios tienen una influencia significativa en la determinación de las fuentes de financiamiento y de las prioridades y los alcances del gasto público. El PRI y el PVEM pueden decidir sobre los fondos públicos, sin la concurrencia del Ejecutivo federal o del PAN. Con esa mayoría, tienen la capacidad de fijar la agenda y el ritmo de la discusión anual sobre el paquete económico federal; pueden controlar la ruta de un paquete de decisiones de política económica que, por definición constitucional y de certeza a los mercados, deben adoptarse en plazos perentorios. Desde 1997, no se presentaba un escenario de potencial mayoría estable en la Cámara de Diputados.
Dos factores explican este hecho político. En primer lugar, el factor PVEM en su triple dimensión: el crecimiento importante de las preferencias por este partido, la coalición parcial con el PRI en 63 distritos electorales y la alianza política con las televisoras. El Partido Verde Ecologista de México sirvió para postular candidatos entre un electorado con alto rechazo al PRI, por ejemplo, en el Distrito Federal. Cumplió también la misión de cobijar a personas cercanas a líderes del PRI que difícilmente hubieren alcanzado candidaturas por este partido, ello a cambio de alguna porción del voto duro priista. El PVEM aprovechó cuanto vacío avizoraba, para burlar la limitación constitucional a la promoción electoral en radio y televisión.
El segundo factor es el voto nulo. Sí, el movimiento anulacionista benefició al PRI. Los partidos que superan la barrera de 2% del total de votos depositados en las urnas, tienen derecho a que se les asignen diputados de representación proporcional. La Constitución establece una limitante: ningún partido puede tener una proporción de curules, en la Cámara, mayor que su votación nacional más ocho puntos porcentuales (cláusula de sobrerrepresentación). Sin el fenómeno del voto nulo, el PRI sólo hubiera tenido derecho a diputados de representación proporcional hasta alcanzar 225 curules en total, como consecuencia de esta cláusula. Los nulos se descuentan para asignar las diputaciones plurinominales. Por tanto, el PRI pasa, de una votación total de 36.9%, a una efectiva de 39.5%, de modo que su límite de curules se eleva de 225 a 237. Sin los anulacionistas, el eje PRI-PVEM se hubiere quedado a tres curules de la mayoría. Otra historia, sin duda.
Ese movimiento ha contribuido a la mayoría parlamentaria PRI-PVEM. En las plataformas de estos partidos no está la agenda que abanderó este movimiento. El voto en blanco no construyó mayoría en torno a esta agenda, pero sí una mayoría en blanco.
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