Parálisis del sueño

Una dolencia propia me hizo encontrar una buena imagen para describir el momento actual de nuestro país. “Parálisis del sueño”: así se define científicamente a aquel periodo de inhabilidad para realizar movimientos voluntarios estando el individuo consciente de su situación y de su entorno.

Chris French, profesor de sicología en la Universidad de Londres, explica que, durante la primera fase del sueño, el cuerpo se paraliza para evitar que el individuo represente físicamente sus ensueños. En los episodios de parálisis del sueño, sin embargo, el individuo es capaz de percibir que no se puede mover. Estos episodios, extremadamente comunes según la clasificación de los trastornos del sueño (40 a 50% de las personas lo experimenta al menos una vez en su vida), suelen producir ansiedad y angustia.

Para superarlos, algunos médicos recomiendan centrar la atención en mover los dedos de los pies o de las manos, de modo que la actividad cerebral restablezca la capacidad motriz.

La conciencia apostada a superar una atonía consciente.

México vive un episodio de parálisis del sueño. La conciencia colectiva advierte que el cuerpo social es incapaz de sacudirse. Mientras la razón pública reclama fuerza, vigor y energía transformadores, los brazos languidecen en espera de mejores condiciones para tal o cual reforma, de tiempos más oportunos para la construcción de las soluciones a nuestros problemas.

El individuo social percibe con angustia y frustración los efectos paralizantes del sueño de la siguiente elección o del fracaso del adversario. La conciencia está activa, tiene claras las prioridades, pero los músculos no saben cómo ni cuándo moverse. México es como aquella mujer que Johann Heinrich Füssli pintó en su famoso cuadro La Pesadilla: inerte sobre el diván de sus complejos, expiada por la sonrisa burlona de su incapacidad para soñar su futuro, paralizada por el demonio de su pasado.

Fijar la atención en mover los pies o las manos. La posibilidad de que ciudadanos presenten propuestas de ley; las candidaturas independientes; el poder de juzgar con el voto el desempeño de los legisladores y de las autoridades municipales; los incentivos para que las iniciativas del Ejecutivo se discutan en un periodo limitado de tiempo; la reducción en diputados y senadores, para hacer más eficiente el trabajo parlamentario; la segunda vuelta presidencial con elecciones legislativas desfasadas; la capacidad del Presidente de observar parcial o totalmente las decisiones del Congreso, y la exigencia de una mayor representatividad para conservar prerrogativas como partido, son todos mecanismos para que el sistema político supere su parálisis. De eso se trata la reforma política que el Presidente propuso al Congreso: extremidades en movimiento, instituciones eficaces para atender los pendientes históricos, conciencia que moviliza a través de ciudadanos más actuantes, con amplios espacios de participación y, por tanto, mayor responsabilidad sobre el destino colectivo. Reglas que disuelvan los efectos paralizantes del interés parcial o del sueño personal. Herramientas para que la razón pública se exprese ágilmente en mayorías. Impulsos de la conciencia para salir de la atonía.

Reformar al Congreso

En el debate sobre la necesidad de modificar las reglas que articulan al sistema político mexicano no se presta suficiente atención a la reforma del Congreso. Siempre que se habla de la reforma política se asume que es indispensable poner fin a la parálisis política, pero pocas veces se reflexiona sobre las condiciones en las que funciona el Congreso mexicano. En ese debate se ha obviado una pregunta central: ¿las reglas que rigen la actividad parlamentaria incentivan la construcción de acuerdos y posibilitan el juicio ciudadano sobre el comportamiento de los legisladores? Intuyo que no. La normativa vigente responde todavía a un régimen de mayorías monocolores. Si bien son necesarias reformas que hagan viables las decisiones políticas en contextos de pluralidad política y de gobiernos divididos, es igualmente cierto que el Congreso debe ser objeto de una revisión profunda. Y en esa ruta deben, a mi juicio, atenderse dos cuestiones.

En primer lugar, los procesos parlamentarios se rigen formalmente por un reglamento que data de 1934, cuyas prescripciones han sido superadas por la realidad. Se trata de una norma ineficaz para encauzar institucionalmente la deliberación y dar certidumbre y previsibilidad a la formación de la voluntad legislativa. Frente a la ineficacia de este cuerpo normativo, en las legislaturas recientes se ha recurrido a los acuerdos parlamentarios para normar aspectos específicos del funcionamiento del Congreso.

Estos acuerdos no son sino pura y contingente discrecionalidad. Los procesos parlamentarios, desde la creación de leyes hasta los distintos instrumentos de control y vigilancia sobre otros poderes, no están sujetos a un marco de referencia estable e indisponible. No hay incentivos a la cooperación, previsiones expresas sobre el flujo de los procesos, ni es posible identificar cuál ha sido la posición asumida por cada legislador en torno a una determinada pieza legislativa. Podemos conocer el resultado, pero no la contribución y las actitudes de cada uno a lo largo del tiempo, lo que sin duda impide la asignación de créditos y responsabilidades. Sin reglas claras y preestablecidas, la dinámica parlamentaria es energía desatada, territorio sin ley. Cruel paradoja: en la casa de los hacedores de la ley, no hay ley que mande.

El segundo problema práctico es también una ausencia, un vacío. El derecho parlamentario no fija derechos y obligaciones concretas para los legisladores. No establece mecanismos para sancionar conductas disruptivas. Prácticamente en todos los parlamentos democráticos del mundo se prevén procedimientos para juzgar las conductas que impidan el normal funcionamiento de la institución, así como consecuencias frente al incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los legisladores. Al mismo tiempo, se contemplan derechos específicos y recursos ante la justicia para evitar que una mayoría impida el ejercicio de la función legislativa. En el parlamento mexicano se puede tomar la tribuna impunemente e igualmente se puede impedir que un legislador presente una iniciativa sin remedio alguno. El peor de todos los mundos.

La reforma política debe partir de la reforma al Congreso. De una reforma estructural que le dé al parlamento mexicano instrumentos para dinamizar internamente la función legislativa, y así hacer funcional a la democracia en su conjunto.

Fortalecer a la CFE

La Comisión Federal de Electricidad nació para igualar a los mexicanos en el acceso a la energía eléctrica. Hacia finales de la década de los 30, cuando fue creada, sólo 38% de los mexicanos contaban con ese servicio. Esta escasa penetración obedecía a razones de mercado: la Constitución del 17 permitía a los particulares generar electricidad y prestar dicho servicio, por lo que se enfocaron fundamentalmente a zonas urbanas de mayor rentabilidad. Dado que el mercado de la electricidad estaba sujeto a escasa regulación del Estado, las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población, y las actividades productivas, se desarrollaban con baja tecnificación, no formaban parte de las prioridades de expansión de la industria naciente. Sin embargo, la demanda aumentaba y, por tanto, los precios del servicio. Lázaro Cárdenas, consciente de las dificultades de repetir la receta expropiatoria aplicada a las empresas petroleras, optó por intervenir en el mercado de dos maneras: convirtió al sector en un “mercado privado regulado” y, al mismo tiempo, creó un agente público para prestar el servicio de manera directa, sobre todo en zonas que no generaban incentivos para los privados. La CFE es resultado de la combinación entre regulación y competencia para aumentar la oferta, bajar los precios y asegurar que un mayor número de mexicanos tuvieran energía eléctrica.

La nacionalización de la industria eléctrica convirtió, en la ley pero no en los hechos, a la CFE, en monopolio público. La compañía coexistió con otras cuatro que antes habían sido propiedad privada pero que, después de la nacionalización, se hicieron públicas a través de la adquisición de su capital accionario. Por razones de índole política y, en particular, debido a la influencia del sindicato de electricistas, esas compañías, que operaban en el centro del país, no fueron liquidadas, sino que se “fusionaron” a un ente público, nuevo en papel pero con pesadas cargas en su haber: Luz y Fuerza del Centro. Desde ahí, la historia que todos conocemos.

La ley que rige a la CFE se reformó por última vez hace más de tres lustros. En los últimos años, la gestión de las empresas públicas se ha fortalecido con instrumentos como la participación de consejeros independientes en la toma de decisiones corporativas, comités de auditoría y órganos de vigilancia externa, programas y presupuestos con base en resultados, evaluaciones permanentes al desempeño. El mundo ha reconocido derechos de los usuarios de los servicios públicos y se han legislado mecanismos para hacerlos exigibles, como la reparación del daño a causa de la mala prestación del servicio. En suma, el Estado somete a este tipo de organismos a controles más estrictos y les impone obligaciones claras en beneficio de las personas.

Para fortalecer a la CFE, presenté el pasado 1 de diciembre una iniciativa de reforma a la ley que la rige. Para hacerla más transparente, más moderna y proteger los derechos de los usuarios. Una reforma impostergable hoy, cuando la CFE asume a plenitud la misión que motivó su creación: igualar a los mexicanos en el acceso a un servicio público con calidad.

REFORMA: Plantean modificar su estatuto jurídico para garantizar que prestará el servicio público con calidad y calidez

El subcoordinador de proceso legislativo del PAN en la Cámara de Diputados, Roberto Gil, propuso una reforma para dar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una nueva estructura que le permita asumir las funciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y transparentar su toma de decisiones.

La iniciativa, turnada a comisiones para su análisis, pretende modificar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para incorporar a tres consejeros profesionales, nombrados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado.

"Para garantizar lo anterior, los consejeros deberán ser ciudadanos por nacimiento, profesionales en áreas afines a la industria energética, habiéndose desempeñado destacadamente en dichas áreas, trabajo o actividades de investigación o docencia, y no tener o haber tenido él o sus familiares en primer grado, alguna relación contractual, laboral, profesional o cualquier otra actividad relacionada con CFE, durante los 2 años previos a la designación", señala.

Además, se plantea que la vigilancia interna y externa de la CFE sea realizada por una articulación de órganos con facultades diferenciadas entre sí: el Consejo de Vigilancia, el Comisario, el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior de la Federación y un Auditor Externo.

Este conjunto de órganos de vigilancia y auditoría tendrían la tarea de revisar el destino y aplicación de los recursos públicos federales que reciba la compañía, por cualquier modalidad.

La propuesta panista contempla también establecer un capítulo especial que faculte, en términos precisos y concretos, los derechos de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica y, por otra parte, asigne concretamente las obligaciones a las que está sometida la empresa pública respecto de sus usuarios.

Gil Zuarth mencionó que la CFE debe modificar su estatuto jurídico precisamente para garantizar que prestará el servicio público con calidad.

"Al asumir las funciones de Luz y Fuerza, se torna impostergable que la CFE cuente con un marco normativo moderno y eficaz que responda al objetivo de incorporar las mejores prácticas de gobierno corporativo en el desempeño de ese organismo, y maximizar así las condiciones de transparencia, rendición de cuentas y confianza bajo las cuales la compañía se organiza, toma decisiones y satisface la demanda de las personas", expuso.