Eficacia

Eficacia
Roberto Gil Zuarth
25-May-2009
La senectud política de los priistas se esconde tras la eufemística invocación de ese concepto




En el octogenario aniversario del PRI, su dirigente nacional deslizaba la estrategia de campaña: “Nosotros sí sabemos gobernar”. Para justificar que regresan los mismos de siempre, que se resisten a abrir paso a nuevas generaciones y sólo prospera quien mejor se acomoda en las “fuerzas vivas”, los priistas recurren al argumento de que la alternancia es la causa de todos los males nacionales. Tras la salida del PRI, dicen sus voceros, el país es el reino del amateurismo político. Los políticos profesionales, los que saben de formas, los herederos del “proyecto histórico” están en el PRI. La senectud política de los priistas se esconde tras la eufemística invocación de la eficacia: nadie mejor que ellos para generar resultados; nadie mejor que ellos para expresar la conciencia nacional. Ocho años han sido suficientes para extrañarlos. Los ciudadanos ya aprendieron su lección; ya se dieron cuenta de que se equivocaron al expulsarlos del poder.

La eficacia es un valor en política. Reflejo, instinto, capacidad de adaptar la realidad y alcanzar un objetivo. Cálculo estratégico que alinea los medios a los fines. Principio que traslada la evaluación de las decisiones políticas de sus intenciones a sus resultados. La eficacia, como principio o valor de la acción política, es la ética de la responsabilidad frente a la ética de la convicción. Es sentido de realidad y exigencia transformadora. Es el valor que hace de la política razón práctica.

¿De qué eficacia presume el PRI? ¿Del manejo irresponsable de la economía que generó déficit en la cuenta corriente equivalente a 6% del PIB en 1980 y de casi 8% en 1994 y 1995? ¿Es esa fatal combinación de deuda y baja recaudación que provocó las crisis de 1976, 1982, 1987 y 1994? ¿O la inflación de 120% anual en 1983? ¿La eficacia que produjo la devaluación del peso en 562% durante el sexenio de López Portillo y de 1,555% durante el gobierno de Miguel de la Madrid? ¿La eficaz represión de los opositores políticos o la censura a los medios de comunicación? ¿La eficaz connivencia con el narcotráfico, según lo ha relatado Miguel de la Madrid?

El PRI gobernó 67 años con mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. En 1997 perdió la mayoría en la Cámara de D iputados. No podía hacer por sí mismo las leyes ni disponer a discreción de los recursos públicos. Apareció el régimen del gobierno dividido: el régimen de la pluralidad decisoria que exige acordar con el adversario, asumir el punto de vista del otro, imprimir el sello de la oposición en las políticas públicas. Tres años después, en 2000, los eficaces priistas fueron expulsados de Los Pinos por los ciudadanos. A juzgar por el resultado, los priistas no fueron muy eficaces para gobernar sin una mayoría parlamentaria estable.

La supuesta eficacia del PRI no es más que el régimen del partido hegemónico, de las mayorías monocolores. A pesar de que dispusieron de todas las estructuras de poder durante más de deis décadas, las consecuencias de sus gobiernos son desastrosas: crearon un sistema político basado en la repartición de privilegios, el corporativismo y la prebenda; alentaron monopolios, públicos y privados; evadieron las decisiones difíciles, para no renunciar al aplauso de temporal; malgastaron la riqueza nacional con falsos prejuicios patrioteros y una corrupción galopante. La eficacia priista es el reino de los problemas ocultos y las soluciones simuladas. Nada de qué presumir.

La rebeldía de los ciberciudadanos

La rebeldía de los ciberciudadanos
Roberto Gil Zuarth
18-May-2009

El Revolucionario Institucional, incómodo por la crítica, busca amparo para silenciar el debate y hasta las parodias.


En el portal YouTube se encontraba visible el objeto del delito. Bastaba insertar en el buscador las palabras Fidel Herrera para que apareciera el video que dañaba la imagen del “señor gobernador”. Debía hacerse justicia y pronto. “Seguro son los del PAN; sólo ellos nos critican y sólo ellos quieren empañar a nuestro Fidel”, exclamó —tal vez— un solícito funcionario local, orgulloso de portar la camisa roja que usó en la más reciente “movilización”. A la Secretaría de Gobierno se le encomendó la tarea de evitar que el video siga en internet. Después de sesudos análisis, el área jurídica sugirió presentar una queja ante el IFE, pues llevaría años un juicio civil para reclamar daño moral como cualquier persona. “No tenemos pruebas de que el PAN difundió ese video”, cuestionó –tal vez– un funcionario que aún conservaba un mínimo sentido del ridículo. “No importa, ahí los consejeros lo bajan en 24 horas con medidas cautelares; además, el señor gobernador es el primer priista del estado, luego entonces el video agravia al PRI, el PRI compite en el proceso que arbitra la autoridad federal y ya está”, afirmó —tal vez— otro funcionario con experiencia en “lo electoral”. “¡Se nota que tú sí le sabes!”, exclamó, enjundioso —tal vez—, el funcionario antes con duda. “Tú na’más ponle que el video lo difundió el PAN para que pegue y con eso lo bajamos”, remató —tal vez— el reputado operador. La queja se presentó, la Comisión de Quejas del IFE ordenó a YouTube el retiro del video, como medida cautelar, el gobernador —tal vez— celebró con sus leales funcionarios, enfundados todos en sus camisas rojas y con un refrescante Tío Fide sabor grosella.

El video no se retiró de la red. Como reacción, otras personas “subieron” nuevas copias del material. En los blogs se solidarizaban con su autor. El hereje video ha sido visto, desde el portal, por más de 130 mil personas.

El PRI, incómodo por la crítica, busca amparo para silenciar el debate y hasta las parodias. Anuncian que regularán internet. La dirigencia del PRI en Veracruz advierte que van a proponer modificaciones a las reglas electorales para que el IFE pueda sancionar expresiones espontáneas de ciudadanos en internet. El PRI revela su intención: convertir al IFE en el tribunal que protege la imagen de los políticos. La autoridad electoral, convertida en tribunal de inquisición, para proteger la santidad de los políticos. La democracia al revés: políticos enjuiciando a los ciudadanos.

Este caso evidencia que es latente el riesgo de regresar al régimen del monólogo, el aplauso y las censuras. La realidad pone en su justa dimensión la amenaza a la deliberación democrática; da la razón a quienes insisten, como el PAN, que es necesario defender a la libertad de expresión frente a nuevos intentos silenciadores. Al PRI le incomoda internet porque es un espacio de libertad, porque democratiza la actividad política, porque otorga a los ciudadanos el poder de juzgar a los políticos. Mientras en otros países internet es promovido desde el Estado como espacio para la formación de la opinión pública, la deliberación de los asuntos públicos, la socialización del poder, el PRI sueña con el Gran Hermano digital.

Internet es rudo y cursi. Ahí se expresan ideas, insultos, críticas, información. Los rebeldes ciberciudadanos la van a defender porque, desde ahí, participan de la democracia. Desde ahí, hacen política, ejercen su ciudadanía.

El caso evidencia que es latente el riesgo de regresar al régimen del monólogo, el aplauso y las censuras.

La razón pública y la justicia electoral

La razón pública y la justicia electoral
Roberto Gil Zuarth
11-May-2009
La tarea de los jueces consiste en evaluar la realidad a la luz de los valores a los que el derecho dota de autoridad.




En el prefacio a una colección de ensayos publicada hace un par de años, Owen Fiss afirma que los jueces encarnan la razón pública. Si el derecho expresa el razonamiento de los ciudadanos en el foro público sobre los fundamentos de la vida en común, los jueces proyectan esa razón a la realidad práctica. La tarea de los jueces consiste en evaluar la realidad a la luz de los valores a los que el derecho dota de autoridad. Para adaptar la realidad a esos valores, el juez adjudica significado concreto a las normas. Identifica los valores en juego, pondera sus implicaciones en el caso concreto, ofrece razones para hacer prevalecer unos valores frente a otros.

¿Cuál es la razón pública que encarna el Tribunal Electoral? Para la Sala Superior, el derecho a la imagen de los partidos debe prevalecer sobre la libertad de expresión. A propósito del caso “sopa de letras”, interpretó que la Constitución impone un límite absoluto a las opiniones y los juicios formulados a través de la propaganda política o electoral. Si bien las expresiones de los partidos o sus candidatos tienen como fin influir en los ciudadanos para que voten por unos o dejen de votar por otros, está prohibido disminuir o demeritar la estima o la imagen de los adversarios. La única crítica admisible es la “seria”, la propositiva, la cordial y en buen tono. Si ciertos calificativos incomodan a su destinatario, el derecho del otro a expresarlos debe ceder. Es irrelevante someter esos calificativos a la prueba de los hechos. La ilegalidad de un dicho radica en la forma, no en el fondo. De acuerdo con el Tribunal, “la Constitución prohíbe a los partidos y coaliciones el empleo de cualquier expresión que denigre, aun cuando sea a propósito de una opinión o información y a pesar de que los calificativos pudieran encontrar apoyo en la literatura, la ciencia o la historia”. Aunque lo digan la ciencia o la historia, si la expresión es grosera o fea, resulta ilegal. La discusión sobre los asuntos públicos reducida a besos con tapabocas.

El Tribunal Electoral olvidó encarnar otros aspectos de la razón pública acerca de la libertad de expresión. En democracia, la libertad de expresión tiene un valor preferente sobre otros derechos, especialmente ante el de la imagen, porque es el vehículo para formar opinión pública y el juicio electivo de los ciudadanos. La imagen de partidos y de servidores públicos es un derecho débil frente al derecho de opinar, pues sólo así es posible el control democrático sobre su desempeño. La libertad de expresión ampara también a las opiniones especialmente ofensivas e injuriantes, porque es más riesgoso para la salud de una sociedad democrática el efecto silenciador que produce el temor a ser sancionado, que el exceso de tolerancia frente a dichos especialmente inquietantes.

La función básica de los tribunales es resolver disputas. El juez no es un autómata que reproduce el contenido inmanente del derecho. Decide entre distintas concepciones sobre hechos y reglas. Dicta una norma que interpreta a otras normas. El derecho se recrea en la interpretación judicial. Es espacio para lo que Fiss ha llamado “la realización progresista” de los valores constitucionales. O también para lo contrario: para lo que Fiss denomina “derecho sin inspiración”. La sentencia del Tribunal Electoral es derecho sin inspiración. Pudo ser realización progresista de nuestras libertades.

Oportunidad perdida

Oportunidad perdida
Roberto Gil Zuarth
04-May-2009
El poder, dice Ignatieff, puede perturbar la capacidad de guiar la decisión política conforme a los estímulos de la realidad.




Michael Ignatieff dejó su cátedra en la Universidad de Harvard para buscar un escaño en el parlamento y el liderazgo del Partido Liberal canadiense. El profesor universitario abandonaba la especulación y se proponía la acción política. Poco tiempo después, con los sinsabores de la política real y a propósito del estado de cosas tras la invasión de Estados Unidos a Irak que como intelectual había justificado, el Ignatieff político recurría a su admirado Isaiah Berlín para distinguir entre el buen juicio en política y el buen juicio en la vida intelectual. “La cualidad que sirve de base a los políticos para tener buen juicio es el sentido de la realidad”, decía en su mea culpa. El “sentido de la realidad” que aprendió de Berlin es, ante todo, la “virtud de la calle”. El Ignatieff político renegaba de la soberbia que tentaba al Ignatieff intelectual: “Un conductor de autobús puede ser más perspicaz, a la hora de saber qué es cada cosa, que un premio Nobel. La única forma de comprender mejor la realidad es enfrentarse cada día al mundo”.

Para el Ignatieff político, la primera dimensión ética de la política es el sentido común. Así como el sentido común orienta a las personas a actuar en una u otra dirección, el sentido común fija los marcos de referencia de la actividad política, del arte de decidir y de mandar. El buen juicio en política se extravía cuando los políticos preferimos consultar el oráculo del interés propio, en vez de orientar la acción política con la brújula de nuestras “alarmas internas”. El poder, dice Ignatieff, puede perturbar la capacidad de guiar la decisión política conforme a los estímulos de la realidad. Reconocer que quienes sufren las consecuencias de las decisiones son otros, es la precondición del buen juicio en política. Ponerse en los zapatos de las personas como principio de la buena política.

La epidemia de influenza ha mostrado nuevamente la virtud de la calle. Millones de mexicanos salen de su casa con “cubrebocas”. Prolifera el uso del ahora famoso “gel antibacterial”. Los gestos habituales de saludo, los abrazos y los besos, que expresan la calidez mexicana, han sido sustituidos por una inclinación de cabeza o por un ligero contacto con el codo. Las ciudades testimonian el resguardo que a todos se ha prescrito. Suspensión parcial de actividades económicas. Las escuelas y las universidades esperan mudas la superación de la emergencia. La realidad de una contingencia ha sido enfrentada con virtud y entereza cívica: con la solidaridad y la responsabilidad de los mexicanos.

La situación imponía a los partidos el deber de aplazar el inicio de la campaña federal. Las preocupaciones ciudadanas están en la epidemia, en su fisonomía y las consecuencias, y no en aquello que los partidos quieren decir sobre el aborto, la pena de muerte o acerca de lo buenos que supuestamente eran algunos para gobernar. ¿Cómo explicar que mientras los niños no van a la escuela, los meseros no reciben sus propinas y los cines y teatros están cerrados, los partidos políticos se vuelquen a la confrontación electoral como si nada estuviere aconteciendo, como si nuestra vida cotidiana no se hubiere visto afectada? ¿Era mucho pedir que los partidos se autolimiten por la mínima y elemental sensibilidad hacia los ciudadanos?

Mal juicio de algunos partidos. Extravío del sentido común. Nueva oportunidad perdida para actuar con sentido de la realidad y honrar la virtud de la calle.

Democracia deliberativa

Democracia deliberativa
Roberto Gil Zuarth
27-Abr-2009
A través del voto se elige a los próximos gobernantes, pero también se fija el punto de partida de las deliberaciones sociales.




En 1985, Octavio Paz escribía que la democracia, por sí sola, no puede resolver todos los problemas. “No es un remedio sino un método para plantearlos y entre todos discutirlos”, afirmaba. Esa expresión resalta la vocación instrumental de la democracia. Su valor radica en que la acción colectiva surge de la deliberación. Con esa idea de la discusión como método, Paz se distanciaba de aquellos que entienden a la democracia como el gobierno de élites en constante competencia entre sí, pero también de la visión populista que asume que el “interés del pueblo” se revela como verdad palmaria y absoluta.

Paz cortejaba a una idea que a partir de las décadas de los ochenta y noventa se consolidó en una tradición conocida como “democracia deliberativa”. Frente a la visión elitista, la democracia deliberativa asume que el papel de los ciudadanos no se reduce a elegir a las personas que tomarán las decisiones. La democracia es vista como una articulación de esferas de mediación e interacción comunicativa entre personas, que exigen la participación activa de los ciudadanos y las instituciones que incentiven y protejan dicha participación. Contra la visión populista, la democracia deliberativa enfatiza en que el bien común se construye en el espacio público y que, por tanto, la deliberación sirve para agregar y armonizar los distintos intereses y preferencias.

La democracia deliberativa no ve a los partidos como estructuras de reclutamiento y selección de la élite dirigente. Tampoco como entes ideológicamente monolíticos que reflejan el sentir inmanente del pueblo. Los partidos son instituciones clave en la formación del juicio político. Crean opinión pública y canalizan intereses a los espacios de decisión política. Actúan como intermediarios porque su función es reducir la complejidad de la discusión pública. Materializan la representación política porque se organizan en torno a posiciones ideológicas, sistemas de valores y modelos de sociedad, a las que cada ciudadano puede adherirse y actuar en consecuencia.

Para esta tradición, las elecciones implican una deliberación. A través del voto se elige a los próximos gobernantes, pero también se fija el punto de partida de las deliberaciones sociales subsecuentes. El sufragio define el piso de las decisiones legislativas o de gobierno futuras. Las elecciones, desde esta perspectiva, son un momento específico en una secuencia de discusiones sobre problemas comunes y sus soluciones. Los electores, con su voto, respaldan o rechazan las políticas públicas que ofertan los partidos y los candidatos. El resultado electoral introduce o difiere temas en la permanente deliberación social.

El punto de partida que el PAN propone está en su plataforma electoral: apoyar al presidente Felipe Calderón en la lucha contra la delincuencia, con políticas que promuevan la corresponsabilidad eficaz de los distintos ámbitos y niveles de gobierno; devolver al ciudadano el poder de juzgar y castigar a sus representantes; fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos, sobre todo en estados y municipios; reformar el mercado laboral, para aumentar la competitividad; potenciar nuevas plataformas de desarrollo sustentable, como las telecomunicaciones, el sector energético y las tecnologías verdes; alcanzar la universalización de los servicios de salud, entre otras. Una deliberación para modernizar a México y evitar el regreso a ese pasado que algunos añoran.

Los electores, con su voto, respaldan o rechazan las políticas públicas que ofertanlos partidos y los candidatos.

El “juicio sumario” y la política del chantaje

El “juicio sumario” y la política del chantaje
Roberto Gil Zuarth
20-Abr-2009
La fiesta se lleva en paz en el cómplice silencio. Desde esta visión, todo puede negociarse.




Desde la reforma constitucional de 1999, la gestión presupuestal del Ejecutivo federal es anualmente revisada por la Auditoría Superior de la Federación. Ese cambio constitucional terminó con el modelo de aplauso en el Congreso a las cuentas del gobierno federal. Eliminó las barreras que durante 70 años impidieron a la oposición conocer el estado de las finanzas públicas y deslindar las responsabilidades políticas por actos de corrupción o de negligencia.

Esa reforma fue producto de la pluralidad en el parlamento nacional. No surgió a instancias del PRI. El escrutinio sobre los ingresos y los gastos públicos nace con el sistema político del gobierno dividido. No era virtud en los tiempos de la mayoría tricolor. La historia de la rendición de cuentas es tan corta como el fin de la hegemonía priista.

Hace unos días, el PRI votó entusiastamente en contra de las cuentas públicas de los primeros años del gobierno de Vicente Fox. El voto priista aparece como la respuesta a las críticas sobre el balance de deuda del gobierno de Luis Echeverría, de corrupción en el sexenio de López Portillo, de inflación en los tiempos de Miguel de la Madrid, de pobreza tras la crisis provocada por los irresponsables artificios de Carlos Salinas y los errores de Ernesto Zedillo. Incómodos con la crítica panista, enojados con el recordatorio sobre su pasado, los priistas pasaron de los insultos al “juicio sumario a Fox”; de la rabieta por la ley de extinción de dominio, al arrebatamiento por las cuentas públicas.

Al margen del hecho de que esas cuentas públicas ya fueron fiscalizadas por la citada Auditoría, que los resultados de esas revisiones están desde hace años en la Cámara de Diputados y que los informes son públicos, la anécdota es en el fondo un mensaje político: si el PAN quiere evitar la discusión sobre el desempeño de sus gobiernos, no debe incomodar a sus adversarios. La fiesta se lleva en paz en el cómplice silencio. Desde esta visión, todo puede negociarse. Silencio sobre las cuentas presentes a cambio de silencio sobre las cuentas del pasado. El control del parlamento sobre la gestión presupuestal no es asumido como deber democrático o como rutina institucional para incentivar el uso correcto de los recursos públicos. En la lógica política del chantaje, los dispositivos diseñados como contrapesos al poder son simples monedas de cambio, escudos frente a la crítica, instrumentos de revancha. Las funciones públicas subordinadas a la intención política de ganar márgenes de impunidad. Desde esa pedagogía antidemocrática, el poder no genera deberes institucionales: sólo sirve a los propósitos de intercambiar favores.

Decía John Stuart Mill que la labor concreta de un parlamento es “vigilar y controlar al gobierno, echar la luz pública sobre sus actos, compeler la exposición plena y la justificación de todo lo que considere cuestionable, y reprobar lo que considere reprobable”. Según el liberal inglés, a través de la deliberación parlamentaria, del debate en el Congreso, se compele al poder a replegarse a su trinchera competencial, se incita la realización de conductas debidas o se inhiben otras no deseadas. La lógica del chantaje es la lógica del no debate, la antilógica de la función parlamentaria. Es renuncia a la responsabilidad representativa, para obtener gananciales parciales. El “juicio sumario” es compulsión que brota de la irritación priista. El reflejo instintivo a negociar un cómodo silencio.

Desde la pedagogía antidemocrática, el poder no genera deberes institucionales: sirve para intercambiar favores.

La libertad incómoda

La libertad incómoda
Roberto Gil Zuarth
13-Abr-2009
En el conflicto fecunda el desprestigio de la política; nace la ingobernabilidad. Las disputas alejan al ciudadano de la cosa pública.




En la discusión sobre la propaganda del PAN que, a través de un juego de palabras, enfatizaba diversas características de los gobiernos del PRI, dos argumentos fueron utilizados para resaltar su “impertinencia política”. Por una parte, que la crítica es causa de conflicto y de riesgo a la gobernabilidad. Por otra, que dicha crítica no reporta “valor agregado” a la deliberación democrática, pues sólo las propuestas —“las ideas”, según resbaladiza acepción de cuño priista— abonan a la calidad del debate público.

En estos argumentos coinciden tanto la estrechez biempensante de un cierto sector de opinión, como los nostálgicos del autoritarismo. Según ambos, hay buenas razones para desconfiar del libre flujo de opiniones. A fin de evitar nuevos males, es preferible callar. El discurso que resalta el consenso debe prevalecer sobre el debate que incomoda al adversario. El silencio no pone a prueba los adhesivos de la convivencia ni la lealtad democrática de los competidores. Los políticos deben resaltar las coincidencias y disimular las diferencias. Los desacuerdos, por profundos que sean, se tratan en privado. El espacio público es el reino del acuerdo, del lenguaje políticamente correcto, de la apariencia de entendimiento. En el conflicto fecunda el desprestigio de la política; nace la ingobernabilidad. Las disputas alejan al ciudadano de la cosa pública. Política de embelesos para capturar la atención del ciudadano.

Una argumentación similar fue recurrente en el régimen autoritario para inmunizar al PRI de la crítica; para justificar la censura y promover la autocensura. Las instituciones políticas encarnan la unidad de los mexicanos. La crítica erosiona el aprecio social sobre estas instituciones y, en consecuencia, la unidad nacional. Cuestionar a las instituciones del Estado es un atentado contra la existencia misma de la sociedad. La censura es la reacción debida frente a expresiones que socavan los cimientos de la organización política. La autocensura es deber patriótico. La libertad de expresión amenaza a la legitimidad de la autoridad y, por tanto, a la capacidad del Estado para mantener la paz social. La crítica a la autoridad política es tan condenable como el acto de un hijo que cuestiona a su padre. La insolencia de un menor de edad que no sabe lo que quiere.

La transición dio paso a una sociedad abierta y plural en la que todo está sujeto a escrutinio. Pervive, sin embargo, la intención política esencial de ese discurso: la libertad de expresión debe ceder ante los imperativos de la necesidad política. Las condiciones políticas del país, el pasado reciente, la inevitable cadencia histórica de las revoluciones, exige no importunar al adversario. Del partido en el gobierno se exige resistencia estoica frente al juicio público de la oposición. Su deber es callar, si aspira a que mañana la oposición preste sus votos en el Congreso. La gobernabilidad como chantaje. La inmunidad política como pago a la cooperación.

La libertad de expresión tiene un valor preponderante en la democracia. Es el dispositivo para formar opinión pública y generar acción colectiva. Esa libertad hace posible el pluralismo político. En la idea de que el debate político requiere tutelas, subyace otra desconfianza: el ciudadano es incapaz de formarse un juicio propio sobre los asuntos públicos. Desconfianza hacia el ciudadano en la que incuba el elitismo político; la nueva edición del despotismo ilustrado.

La transición dio paso a una sociedad abierta y plural en la que todo está sujeto a escrutinio.