La agenda del voto en blanco

De la protesta alumbrará un paquete de reformas. El mensaje dará nuevo impulso a las iniciativas pendientes. El voto blanco creará un contexto de exigencia que, tras la elección, inducirá transformaciones institucionales específicas. Sin ese contexto, los partidos evadirán las decisiones necesarias. El reclamo anulacionista es un mandato claro: democratizar el oligopolio partidario; ciudadanizar el poder frente a la partidocracia.

El discurso del voto en blanco parte de dos reducciones simplistas de la realidad. Por un lado, que todos los partidos y candidatos son iguales. No existen diferencias ideológicas y de actitud política entre los distintos partidos y, peor aún, entre las personas que se presentan como candidatos. Este argumento, sin embargo, no es acompañado de datos objetivos sobre el contenido de las plataformas, el perfil de los candidatos o, incluso, sobre el desempeño particular de cada uno en el espacio público. Paradójicamente, algunos de sus voceros son también adversos a las campañas de contrastes. Les irrita el debate que resalta las diferencias, pero combaten al sistema de partidos por su sórdida uniformidad.

En segundo lugar, el discurso anulacionista asume que existe pleno consenso social sobre una agenda de cambios institucionales y, por tanto, que el reparto del poder en las cámaras es irrelevante. En esta lógica antipolítica, lo que el país necesita es una condena expresada en votos nulos, no así mayorías que impulsen medidas concretas en el corto plazo. El voto en blanco es una apelación romántica a la capacidad persuasiva de un mensaje, no una apuesta por impulsar eficazmente un conjunto de iniciativas. No busca comprometer a los partidos políticos en una agenda determinada. No se preocupa por los votos que se requieren en el congreso para hacerla realidad.

Un ejemplo puede ilustrar las implicaciones de ambas reducciones. En los promotores del voto en blanco no existe consenso sobre la reelección legislativa y de alcaldes. Unos la promueven como parte de ese paquete de reformas que surgirá de manera natural como reacción a la protesta, mientras otros han defendido históricamente la tesis contraria. ¿Cuál es entonces el mensaje político de los anulacionistas sobre la reelección? ¿Un cambio constitucional que devuelva al ciudadano la capacidad de juzgar a sus representantes, o bien, la conservación de la actual prohibición? ¿Qué dirán los votos nulos el 6 de julio? ¿Con José Antonio Crespo o con Dulce María Sauri?.

En la proa del voto en blanco hay propuestas. Una nueva reforma electoral para reducir el monopolio de los partidos en el debate público, la reducción del número de diputados y de senadores, la reelección legislativa y de alcaldes, mayor transparencia en el poder legislativo. Todas estas propuestas están incluidas en la plataforma del PAN. Si lo importante es la agenda, ¿por qué los anulacionistas no promueven el voto a favor de quienes defienden esas reformas? ¿Por qué no exigen definiciones a los partidos sobre estos temas? ¿Por qué no construir una mayoría que las promueva?.

Las reformas se edifican con debate y con votos. En las campañas los partidos hacen propuestas y los ciudadano las apoyan o las rechazan en las urnas. La elección es mayoría que fija prioridades. La política pierde su capacidad transformadora cuando se reduce a la fácil cantaleta de que “todos son iguales”. Porque esa cantaleta no sirve para definir mayorías.

Voto en blanco

Según sus promotores, México está viviendo una crisis de representación política. Los partidos procuran su propio interés y no se ocupan de las necesidades de los ciudadanos. La participación política está monopolizada por políticos mezquinos. El sistema de partidos debe ser herido en su legitimidad. El voto en blanco es la vía para expresar que los ciudadanos no encuentran eco a sus demandas. Es el medio para forzar a los gobernantes a hacer las reformas necesarias. Es castigo que alumbrará una clase política sensible al auténtico querer ciudadano.

Como expresión de una opinión política, el voto en blanco no sólo es respetable, sino también atendible. Los partidos se deben a los ciudadanos y tienen el deber de solucionar los problemas de la convivencia social. Con cierta frecuencia, las reformas necesarias naufragan en el cálculo de la rentabilidad electoral inmediata. Las decisiones políticas se aplazan para eludir los costos presentes. Sin embargo, como acción política transformadora, el voto en blanco es decisión de suma cero. No es acción colectiva con rumbo claro. Si el voto sirve para habilitar a personas a tomar decisiones y para fijar el punto de partida de esas decisiones, el voto en blanco se agota en la expresión de un rechazo. El voto en blanco no es mandato reformador. Cuando anula su voto, el elector renuncia a perfilar qué tipo de gobernantes prefiere; abdica a su derecho de fijar las prioridades de la política.

Tampoco incide en la asignación de los espacios de poder. Como afirma José Woldendberg, independientemente de cuántos votos reciban los partidos y candidatos en su conjunto, de la elección resultarán las futuras autoridades. El voto en blanco es voto nulo y, por tanto, no cuenta. No existen las condiciones institucionales para materializar, en su propia dimensión, esa expresión política. La acción consciente de rechazar a la clase política se confundirá, en la aritmética, con el elector que se equivocó al expresar su voto, o con aquél que decidió votar por sí mismo.

Otros factores incidirán en la magnitud de los votos nulos. Por ejemplo, la reforma electoral modificó el régimen de las coaliciones. Los partidos coaligados compiten con emblemas por separado y la eficacia del voto a una coalición tiene distintas modalidades. El margen de error es mayor que en elecciones precedentes. Si aumentan los votos nulos en esta elección, no necesariamente será como resultado de la adhesión ciudadana a ese argumento.

El parto democrático requirió, como condición de posibilidad, fortalecer al sistema de partidos. La competencia electoral que hoy se traduce en pluralidad política decisoria, es resultado de una apuesta por marcos institucionalizados y estables de representación. Los partidos políticos son acicates de responsabilidad, correas de transmisión del juicio ciudadano sobre el desempeño de los gobernantes. La debilidad del sistema de partidos no aumenta la calidad de la democracia, ni devuelve al ciudadano la centralidad política. El espacio que se expropia a los partidos no es llenado por más ciudadanía. En ese espacio generalmente se recrean las actitudes populistas o la inconfesable estrategia de instituir el régimen del rey filósofo.

En el llamado al voto en blanco anida el peligro de la autocracia. El 6 de julio alguien tendrá la tentación de proclamarse a sí mismo como la encarnación de la voluntad en blanco expresada en las urnas. Y, por cierto, también de los votos nulos.

Pistas para entender el derrumbe

En la sección sabatina Babelia de El País, se reseñan ensayos de reciente aparición y de diversa factura ideológica sobre la crisis económica mundial. Ésta es la selección que proponen Claudi Pérez y Alejandro Bolaños (véase el reportaje "Pistas para entender el derrumbe", Babelia, El País, 060709):

• Economía humanista. José Luis Sampedro. Debate.




• La crisis del siglo. Ignacio Ramonet. Icaria.




• El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual. Paul Krugman. Traducción de Jordi Pascual. Crítica.




• La crisis ninja. Leopoldo Abadía. Espasa.




• El estallido de la burbuja. Cómo se llegó a la crisis y cómo salir de ella. Robert J. Shiller. Gestión.




• El nuevo paradigma de los mercados financieros. George Soros. Traducción de Estrella Trincado y Lluís Delgado . Taurus y Edicions 62.




• La economía no existe. Antonio Baños. Los Libros del Lince.




• El capitalismo funeral. Vicente Verdú. Anagrama.




• Un pequeño empujón. Cass Sunstein y Robert Thaler. Traducción de Belén Urrutia. Taurus.




• El informe Recarte. Alberto Recarte. La Esfera de los Libros.




• Revolución en las finanzas. Antonio Torrero. Marcial Pons.




• Un planeta de gordos y hambrientos. Luis de Sebastián. Ariel.




• Menos es más. Nicolas Ridoux. Traducción de Joana Mercader. Los Libros del Lince.




• El crash de 2010. Santiago Niño Becerra. Los Libros del Lince.




• ¿Y después de la crisis, qué? Jacques Attali. Traducción de Herber Ostroviesky. Gedisa.




• El gran crac del crédito. Charles R. Morris. Valor.




• De la quimera inmobiliaria al colapso financiero. José García Montalvo. Antoni Bosch.

Propaganda coactiva

En marzo pasado, el PAN difundió información sobre logros de gobierno del Presidente Felipe Calderón. El PRI denunció la propaganda con el argumento de que está vedado a los partidos hacer referencia a programas sociales o a políticas públicas. El IFE, con base en una tesis de del Tribunal Electoral (2/2009), resolvió que es válido que los partidos “difundan los logros obtenidos por el gobierno emanado de sus filas en aras de incrementar sus adeptos”.
Inconforme con esa decisión, el PRI recurrió ante el Tribunal Electoral. El 22 de mayo pasado, la Sala Superior, por mayoría de cuatro votos, resolvió que es ilegal la frase “si pierde el gobierno perdemos los mexicanos”. A juicio de la mayoría, esa frase “constituye una inducción ilegal hacia el electorado”, en tanto obliga indirectamente al elector a votar por el PAN.

La sentencia tiene serias implicaciones. En primer lugar, se impone el deber de valorar no sólo el contenido explícito de la propaganda, sino también “los mensajes implícitos o encubiertos”. Así, mientras otros tribunales en el mundo sostienen el canon de escrutinio estricto para reducir el riesgo de subjetividad, el Tribunal Electoral afirma que las expresiones políticas deben ser enjuiciadas por lo que dicen y por lo que tal vez quisieron decir.

En segundo lugar, crea un nuevo parámetro de control sobre las opiniones políticas. La propaganda política o electoral puede ser declarada ilegal no sólo en los supuestos de injuria o calumnia, sino también cuando incluya elementos que induzcan a los ciudadanos a emitir su voto en un determinado sentido. Se introduce, en vía de interpretación, un nuevo -y abierto- supuesto de ilicitud, a pesar de que las conductas sancionables sólo pueden ser definidas por ley y que está prohibido imponer penas por analogía o por mayoría de razón.

En tercer lugar, para la Sala Superior la propaganda emitida por los partidos es en sí misma suficiente para condicionar la voluntad de sus destinatarios. Extrañamente se atribuye a la propaganda efectos similares a la violencia física sobre los electores. Desde esta lógica, un promocional en radio y televisión tiene la misma capacidad coactiva que una pistola en la sien.

Lo que más preocupa de esta sentencia es la visión antropológica del ser humano que subyace: el ciudadano es visto como un menor de edad que requiere tutelas compensatorias frente a su inevitable incompetencia. Para el Tribunal Electoral, las capacidades intelectiva y comunicativa de los ciudadanos son limitadas. El ciudadano no conoce su realidad; es incapaz de confrontar críticamente la información y discutir con otros. Cierta propaganda nubla el juicio, neutraliza la conciencia, inhabilita la autonomía individual. Aún cuando el ciudadano prefiere una determinada opción política, la propaganda lo obliga a emitir su voto a favor de otra. Basta un folleto distribuido tres meses antes de la elección para que el ciudadano vote, cual autómata, por el PAN.

Dice Ronald Dworkin que los contornos de las libertades públicas fundamentales dependen de la idea de Constitución y del modelo de democracia que asuman los operadores jurídicos. La democracia constitucional entiende al individuo como un agente moral y racional; como seres capaces de elegir fines y procurar su realización. El Tribunal Electoral cree que es su deber velar por el perfeccionamiento moral de los individuos. En democracia, nadie puede concederse esa función.