El “juicio sumario” y la política del chantaje

El “juicio sumario” y la política del chantaje
Roberto Gil Zuarth
20-Abr-2009
La fiesta se lleva en paz en el cómplice silencio. Desde esta visión, todo puede negociarse.




Desde la reforma constitucional de 1999, la gestión presupuestal del Ejecutivo federal es anualmente revisada por la Auditoría Superior de la Federación. Ese cambio constitucional terminó con el modelo de aplauso en el Congreso a las cuentas del gobierno federal. Eliminó las barreras que durante 70 años impidieron a la oposición conocer el estado de las finanzas públicas y deslindar las responsabilidades políticas por actos de corrupción o de negligencia.

Esa reforma fue producto de la pluralidad en el parlamento nacional. No surgió a instancias del PRI. El escrutinio sobre los ingresos y los gastos públicos nace con el sistema político del gobierno dividido. No era virtud en los tiempos de la mayoría tricolor. La historia de la rendición de cuentas es tan corta como el fin de la hegemonía priista.

Hace unos días, el PRI votó entusiastamente en contra de las cuentas públicas de los primeros años del gobierno de Vicente Fox. El voto priista aparece como la respuesta a las críticas sobre el balance de deuda del gobierno de Luis Echeverría, de corrupción en el sexenio de López Portillo, de inflación en los tiempos de Miguel de la Madrid, de pobreza tras la crisis provocada por los irresponsables artificios de Carlos Salinas y los errores de Ernesto Zedillo. Incómodos con la crítica panista, enojados con el recordatorio sobre su pasado, los priistas pasaron de los insultos al “juicio sumario a Fox”; de la rabieta por la ley de extinción de dominio, al arrebatamiento por las cuentas públicas.

Al margen del hecho de que esas cuentas públicas ya fueron fiscalizadas por la citada Auditoría, que los resultados de esas revisiones están desde hace años en la Cámara de Diputados y que los informes son públicos, la anécdota es en el fondo un mensaje político: si el PAN quiere evitar la discusión sobre el desempeño de sus gobiernos, no debe incomodar a sus adversarios. La fiesta se lleva en paz en el cómplice silencio. Desde esta visión, todo puede negociarse. Silencio sobre las cuentas presentes a cambio de silencio sobre las cuentas del pasado. El control del parlamento sobre la gestión presupuestal no es asumido como deber democrático o como rutina institucional para incentivar el uso correcto de los recursos públicos. En la lógica política del chantaje, los dispositivos diseñados como contrapesos al poder son simples monedas de cambio, escudos frente a la crítica, instrumentos de revancha. Las funciones públicas subordinadas a la intención política de ganar márgenes de impunidad. Desde esa pedagogía antidemocrática, el poder no genera deberes institucionales: sólo sirve a los propósitos de intercambiar favores.

Decía John Stuart Mill que la labor concreta de un parlamento es “vigilar y controlar al gobierno, echar la luz pública sobre sus actos, compeler la exposición plena y la justificación de todo lo que considere cuestionable, y reprobar lo que considere reprobable”. Según el liberal inglés, a través de la deliberación parlamentaria, del debate en el Congreso, se compele al poder a replegarse a su trinchera competencial, se incita la realización de conductas debidas o se inhiben otras no deseadas. La lógica del chantaje es la lógica del no debate, la antilógica de la función parlamentaria. Es renuncia a la responsabilidad representativa, para obtener gananciales parciales. El “juicio sumario” es compulsión que brota de la irritación priista. El reflejo instintivo a negociar un cómodo silencio.

Desde la pedagogía antidemocrática, el poder no genera deberes institucionales: sirve para intercambiar favores.