El vocero de la Arquidiócesis de México, don Hugo Valdemar, condenó la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma que introduce a la Constitución el adjetivo de laica a la forma de Estado y de gobierno. A su juicio, tal reforma acota la libertad religiosa de las personas, promueve la intolerancia en ese ámbito y, además, siembra en la sociedad actitudes que son “irracionalmente antirreligiosas”.
Las implicaciones jurídicas que preocupan al párroco no derivan de la narrativa del texto aprobado. Así lo reconoció el vocero de la Iglesia católica: “Las verdaderas intenciones de esta reforma, que parece inofensiva, no han tardado en quedar al descubierto cuando diputados del Partido de la Revolución Democrática han externado su verdadero objetivo de acallar y amordazar la voz de la Iglesia y de los ministros de culto en general”. La reforma constitucional no es cuestionada por la regla que introduce al ordenamiento jurídico, las conductas que norma o la proyección de ese nuevo contenido en el resto del sistema, sino por la procedencia partidaria de sus promotores. La reforma limita las libertades religiosas porque el PRD la apoya, no porque modifique el estatus constitucional de las iglesias o porque incorpore restricciones positivas a la expresión pública o privada de las fes o de las convicciones.
Extraña que don Valdemar no mencione la participación entusiasta del PRI en la reforma (cuatro de las ocho iniciativas fueron presentadas por legisladores priistas) ni el voto unánime de ese grupo parlamentario. Sorprende también que al párroco no le inquiete que el PRI se hubiere opuesto a admitir la adición propuesta por el PAN a la exposición de motivos en el sentido de reconocer que el principio de laicidad implica, ante todo, una regla de neutralidad frente al hecho religioso, lo que supone necesariamente reconocer y garantizar el ámbito de libertad individual para creer y expresar en lo que se cree, pero sí que “diputados de Acción Nacional hayan renunciado a la histórica defensa de su partido por apuntalar las libertades a las que tiene derecho todo hombre y a la construcción democrática, al apoyar esta concepción negativa de un Estado laico”. Para don Valdemar la amenaza a la libertad provienen de las definiciones del PRD y las claudicaciones del PAN. La histórica ambigüedad del PRI, esa permanente actitud de condenar el culto público y celebrar misa privada, es quizá para don Valdemar la mejor expresión de una concepción positiva del Estado laico, porque simplemente está vacía.
El principio de laicidad es, desde muchos siglos atrás, definición política y contenido constitucional. Desde la perspectiva estrictamente jurídica, la reforma constitucional no altera las relaciones entre las iglesias y el Estado, no limita la pluralidad religiosa ni impone nuevas cargas o límites a los creyentes de cualquier fe. Es una reforma nimia, neutra, desde el punto de vista constitucional. Su propósito debe leerse en clave política: es argumento que necesitan algunos para mantener el pulso en un debate inacabado, para no desdibujarse en alianzas explícitas, disfrazar cercanías y recuperar el equilibrio en la ambigüedad.
No hay nada inconfesable en que algunos partidos orienten su acción política en la ética religiosa. Lo que inquieta es que ciertos partidos y algunos políticos necesiten hacer reformas para definir en qué creen o para lavar su mala conciencia.
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