Nueva tarea

Desde que en nuestro sistema político se instaló el hecho de la pluralidad y éste tuvo expresión en las sedes de decisión, se han planteado un conjunto de cuestiones que versan sobre el problema de la funcionalidad y eficacia de la democracia en contextos de gobiernos divididos, es decir, situaciones en las que el jefe del gobierno no cuenta con una mayoría estable para impulsar sus políticas desde el Congreso. Las preguntas asociadas a este problema son recurrentes. ¿Qué reformas son necesarias para que los problemas sociales encuentran respuestas prontas de los poderes públicos? ¿Cómo hacer para que la pulverización del poder público no se traduzca en parálisis? ¿A través de qué tipo de instituciones y prácticas sociales debemos procesar el disenso, por lo demás consustancial a un régimen pluralista y competitivo? ¿Cómo hacer para que la pluralidad política sea un factor de legitimación de las decisiones colectivas; el vehículo para trasladar los intereses sociales a los espacios de decisión política?

Algunos principios de respuesta han sido intensamente discutidos en tiempos recientes. Enuncio simplemente algunos: se ha sugerido abandonar el sistema presidencial de gobierno y adoptar, en consecuencia, un sistema parlamentario o semipresidencial. Se ha propuesto también modificar el sistema electoral a fin de inducir institucionalmente la existencia de mayorías legislativas (segunda vuelta, aumento del umbral electoral, para reducir el número de partidos con representación parlamentaria, etcétera). Otros, desde una perspectiva más modesta y quizá más realista, han puesto el énfasis en pequeñas transformaciones, como por ejemplo sujetar a plazos ciertos el procedimiento legislativo; introducir la tramitación preferente de iniciativas del Ejecutivo; la denominada toma en consideración o la afirmativa ficta legislativa; la reelección consecutiva de legisladores, entre un sinnúmero de propuestas. Más allá de la multiplicidad de alternativas de solución, es claro que nuestra democracia requiere modificar las reglas relativas al ejercicio del poder político, de manera tal que existan incentivos claros a la cooperación entre los partidos políticos, o bien, que resulte costosa la obstrucción mezquina.

El Congreso federal concluirá en las próximas horas una de sus tareas fundamentales: determinar los ingresos públicos y definir la orientación del gasto estatal. Habrá atendido entonces una de sus ineludibles obligaciones constitucionales. Superado este paso, es imperativo que asuma una nueva tarea: la reforma política. Un conjunto de reformas que no se concentran en las reglas electorales, sino que fijen su atención en la relación entre los poderes públicos y que, a su vez, generen un contexto de exigencia alrededor de los procesos de toma de decisiones políticas. Un conjunto de reformas asequibles, concretas, que no pretendan la refundación de la República. Por el contrario, medidas legislativas dirigidas a introducir elementos de eficacia en la acción de las instituciones políticas y que fortalezcan los vínculos de representación, para hacer de la democracia mexicana cohesivo social y palanca de transformación.