Fortalecer a la CFE

La Comisión Federal de Electricidad nació para igualar a los mexicanos en el acceso a la energía eléctrica. Hacia finales de la década de los 30, cuando fue creada, sólo 38% de los mexicanos contaban con ese servicio. Esta escasa penetración obedecía a razones de mercado: la Constitución del 17 permitía a los particulares generar electricidad y prestar dicho servicio, por lo que se enfocaron fundamentalmente a zonas urbanas de mayor rentabilidad. Dado que el mercado de la electricidad estaba sujeto a escasa regulación del Estado, las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población, y las actividades productivas, se desarrollaban con baja tecnificación, no formaban parte de las prioridades de expansión de la industria naciente. Sin embargo, la demanda aumentaba y, por tanto, los precios del servicio. Lázaro Cárdenas, consciente de las dificultades de repetir la receta expropiatoria aplicada a las empresas petroleras, optó por intervenir en el mercado de dos maneras: convirtió al sector en un “mercado privado regulado” y, al mismo tiempo, creó un agente público para prestar el servicio de manera directa, sobre todo en zonas que no generaban incentivos para los privados. La CFE es resultado de la combinación entre regulación y competencia para aumentar la oferta, bajar los precios y asegurar que un mayor número de mexicanos tuvieran energía eléctrica.

La nacionalización de la industria eléctrica convirtió, en la ley pero no en los hechos, a la CFE, en monopolio público. La compañía coexistió con otras cuatro que antes habían sido propiedad privada pero que, después de la nacionalización, se hicieron públicas a través de la adquisición de su capital accionario. Por razones de índole política y, en particular, debido a la influencia del sindicato de electricistas, esas compañías, que operaban en el centro del país, no fueron liquidadas, sino que se “fusionaron” a un ente público, nuevo en papel pero con pesadas cargas en su haber: Luz y Fuerza del Centro. Desde ahí, la historia que todos conocemos.

La ley que rige a la CFE se reformó por última vez hace más de tres lustros. En los últimos años, la gestión de las empresas públicas se ha fortalecido con instrumentos como la participación de consejeros independientes en la toma de decisiones corporativas, comités de auditoría y órganos de vigilancia externa, programas y presupuestos con base en resultados, evaluaciones permanentes al desempeño. El mundo ha reconocido derechos de los usuarios de los servicios públicos y se han legislado mecanismos para hacerlos exigibles, como la reparación del daño a causa de la mala prestación del servicio. En suma, el Estado somete a este tipo de organismos a controles más estrictos y les impone obligaciones claras en beneficio de las personas.

Para fortalecer a la CFE, presenté el pasado 1 de diciembre una iniciativa de reforma a la ley que la rige. Para hacerla más transparente, más moderna y proteger los derechos de los usuarios. Una reforma impostergable hoy, cuando la CFE asume a plenitud la misión que motivó su creación: igualar a los mexicanos en el acceso a un servicio público con calidad.