Olvidos, silencios e incongruencias

El debate suscitado a propósito del desliz de ocho centavos, el 1% de aumento nominal, sobre el precio de las gasolinas que, en 2009, se mantuvo “congelado” como parte de las medidas que el Gobierno Federal adoptó para amortiguar los efectos de la crisis económica mundial, estuvo plagado de olvidos, silencios e incongruencias. Veamos.

Olvidos. La política de deslizamientos al precio de la gasolina se ha implementado en las últimas dos décadas, primero con fines recaudatorios y, después, para orientar decisiones de consumo y aumentar los recursos en la economía nacional. A pesar de esta política, tenemos gasolina más barata que en Estados Unidos, Brasil, El Salvador. Lo primero era posible cuando México no importaba gasolinas y el precio en nuestro país era mayor que el de Estados Unidos. En los últimos años ha aumentado la dependencia de gasolinas importadas (4 de cada 10 litros) y, desde 2004, el precio en México es menor que el precio en el extranjero. Esto significa que la gasolina se subsidia. Y es aquí donde aparecen los olvidos. En 1995, el año de la crisis que sí se originó en México, no se congeló el precio de las gasolinas, sino que, por el contrario, se ordenó un incremento de 35% en enero y aumentos mensuales de 0.8 por ciento. Al finalizar el año, las gasolinas eran 66% más caras. La medida que el gobierno priista adoptó para enfrentar la crisis que ellos mismos crearon fue aumentar el precio de la gasolina para hacerse de más ingresos. En cambio, el ligero desliz realizado en diciembre pasado tuvo como fin disminuir gradualmente el subsidio a ese combustible, para reducir la salida de dinero público hacia el extranjero y, también, lograr las metas que los diputados fijaron en el paquete económico para 2010.

Silencios. A pesar de que el precio de la gasolina se mantuvo congelado durante todo 2009, las entidades federativas recibieron íntegras las participaciones por venta de gasolinas. Estos recursos derivan de una modificación legal (2007) que ordenaba aumentos de 12 y 14 centavos para la Magna y la Premium, respectivamente, durante el primer semestre de 2009. Esto es, para fortalecer las finanzas de estados y municipios, el Congreso ordenó incrementos a las gasolinas. Ningún gobernador renunció a sus participaciones. Hubo 17 mil millones de pesos a noviembre de 2009 de recursos participados, 4 mil 500 de subsidio a los gobernadores dado el congelamiento del precio, pero todos en silencio.

Incongruencias. Mantener el precio de las gasolinas costaría 60 mil millones de pesos al año. Todo el programa Oportunidades y una y media veces el Seguro Popular. Pero sólo beneficia a 20% de la población con mayores ingresos. Es altamente regresivo. Sorprende que el PRD como oposición defienda esta política de subsidios y, como gobierno, promueva el aumento en el precio del transporte público. Ni que decir de la posición del Verde: nada más en México se escucha a supuestos ecologistas promoviendo, a través de la defensa de más subsidios, el consumo de combustibles contaminantes.

En el debate político sobran olvidos, silencios e incongruencias. Hace falta más memoria, responsabilidad, serenidad y, sobre todo, reformas.

El silencio de los creyentes

Norberto Bobbio alertaba del error de definir la laicidad a partir de una determinada religión: la laicidad no es la acera opuesta a la del creyente, como tampoco define a un agnóstico o un ateo. La laicidad, dice Bobbio, es una actitud crítica para hilvanar ideas, religiosas o irreligiosas, según principios lógicos no condicionados por ninguna fe. Es duda sembrada en las certezas de cada uno; la capacidad para separar las esferas de competencia entre la organización civil y el adhesivo divino; para diferenciar la razón pública de las reacciones emotivas que se alimentan desde los fanatismos ideológicos de cualquier signo.

El opuesto de la laicidad es, según Bobbio, el comportamiento intolerante hacia las fes y las instituciones religiosas en nombre de valores laicos. La laicidad pierde su fisonomía libertadora cuando deja de ser actitud, método, y se convierte en ideología; cuando necesita armarse y organizarse hasta “convertirse en una Iglesia contrapuesta a otra Iglesia”. El espíritu laico, dice Claudio Magris, siguiendo la distinción bobbiana, está amenazado por un deterioro de los hábitos intelectuales que amenaza con convertirlo en “intolerancia, falta de crítica, agresiva suficiencia”. Son tan poco laicos “los mojigatos que se escandalizan ante los nudistas” como “aquellos nudistas que, más que desnudarse legítimamente por el placer de tomar el sol, lo hacen con la enfática presunción de luchar contra la represión”. La laicidad es tolerancia, diálogo, desmitificación, confrontación pacífica entre distintos seres y pareceres. Laico es, resume Magris, “quien sabe abrazar una idea sin someterse a ella, quien sabe comprometerse políticamente conservando la independencia crítica (…) quien está libre de la necesidad de idolatrar y de desacralizar (…) quien está libre del culto de sí mismo”.

Las amenazas a la laicidad no sólo vienen del dogmatismo religioso, sino también del radicalismo secular que bajo la aureola de nuevas causas sociales condena a la inquisición del ostracismo a quien piensa diferente. La laicidad no se garantiza en la desaparición de la fe, ni en la mordaza a los creyentes. Afirmar que quien profesa una fe tiene vedado el derecho a basar en ella las opiniones que vierte al espacio público, no sólo niega dignidad a seres humanos y recela de la neutralidad frente al hecho religioso que reclama la laicidad: desconfía en el fondo de la mayoría de edad de los ciudadanos.

Edgar Morin afirma que el dogmatismo progresista se había instalado en el hoyo negro del laicismo. La actitud de ciertos legisladores de la izquierda mexicana que, en nombre de los derechos humanos y del Estado laico, exigen el silencio de los católicos frente a la reforma del matrimonio entre personas del mismo género, es una clara expresión de la amenaza secular que pende sobre la laicidad. Quienes desde el púlpito parlamentario piden castigos ejemplares para clérigos no son laicos liberales: sólo fieles militantes de una religión que tal vez no adore a un dios, pero le sobra la intolerancia de quien le ha sido revelada una verdad y la asume como definitiva. La clerecía progresista en el hoyo negro de su agresiva suficiencia.

2009

Termina el año de las crisis globales. Como en ningún otro tiempo, el mundo entero vislumbró la intensidad de los problemas asociados a la globalización y la debilidad de los instrumentos para afrontarlos. La burbuja en los precios del petróleo aceleró la conversión productiva de los campos agrícolas hacia los biocombustibles. Este hecho económico, asociado al aumento del consumo de alimentos por parte de China, presionó sensiblemente al alza la demanda y, en consecuencia, a los precios. Pero, sin lugar a dudas, este año será recordado por la mayor crisis económica en los últimos 70 años y la primera con fisonomía global. Equiparable en su profundidad a la Gran Depresión de la década de los 30 del siglo XX, la de nuestros días, la de 2008-2009, la que mostró su cruel rostro con la quiebra de Lehman Brothers, sólo ha alcanzado, hasta ahora, el grado de gran recesión debido a que el periodo de impenitencia que trajo consigo parece que ya ha tocado fondo. Impredecible, destructiva, efímera y engañosa: así es la pandemia económica que el mundo entero vio pasar frente a sus ojos mientras muchos vitoreaban las virtudes del mercado sin controles, del “creacionismo” financiero, del Estado mínimo, de la capacidad autocorrectora de las economías, de la teoría de Gran Moderación (las mayúsculas enfatizan lo eufemístico del argumento) que pregona que los ciclos económicos tienden naturalmente al equilibrio. Sesenta millones de parados en las 30 principales economías de la OCDE, la peor caída de Wall Street desde 1820, la mayor contracción del comercio mundial desde 1945, son los recuerdos que 2009 deja a la posteridad.

El Estado-nación puede ser uno de los personajes de 2009. La crisis económica no derivó en un largo ciclo depresivo gracias a la intervención de los bancos centrales y de los gobiernos nacionales, a través, primero de planes de salvamento al sistema financiero y, después, mediante estímulos positivos a la demanda. La embolia del sistema capitalista puso en dimensión la precariedad de la gobernanza mundial. Las instituciones encargadas de civilizar la globalización quedaron reducidas a meras instancias de intercambio de las estrategias que cada gobierno local implementaba intuitivamente. Las nacionalizaciones, las inyecciones de capital, la política fiscal y la montería resurgen como estabilizadores frente al azar contingente del mercado. El Estado-nación en su cruel paradoja frente al mercado globalizado: víctima inerte de su fuerza incontrolable; solución parcial a sus contradicciones.

Difícilmente esta vuelta del péndulo reanimará la primacía del Estado-nación o hará retroceder la marcha de la globalización. No se advierte en el horizonte la intención de hacer del mundo un espacio público sujeto a reglas y mecanismos civilizadores. La cumbre sobre el cambio climático de Copenhague puso en evidencia que las dinámicas y tensiones globales se disuelven en una compleja red de interacciones bilaterales y regionales: Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia, la Unión Europea, América Latina, Medio Oriente. Todos fuera de la ONU, todos a las orillas de la ley común.

2009 es el año de los problemas globales. 2010 será, eso parece, de resacas y poco más.

Parálisis del sueño

Una dolencia propia me hizo encontrar una buena imagen para describir el momento actual de nuestro país. “Parálisis del sueño”: así se define científicamente a aquel periodo de inhabilidad para realizar movimientos voluntarios estando el individuo consciente de su situación y de su entorno.

Chris French, profesor de sicología en la Universidad de Londres, explica que, durante la primera fase del sueño, el cuerpo se paraliza para evitar que el individuo represente físicamente sus ensueños. En los episodios de parálisis del sueño, sin embargo, el individuo es capaz de percibir que no se puede mover. Estos episodios, extremadamente comunes según la clasificación de los trastornos del sueño (40 a 50% de las personas lo experimenta al menos una vez en su vida), suelen producir ansiedad y angustia.

Para superarlos, algunos médicos recomiendan centrar la atención en mover los dedos de los pies o de las manos, de modo que la actividad cerebral restablezca la capacidad motriz.

La conciencia apostada a superar una atonía consciente.

México vive un episodio de parálisis del sueño. La conciencia colectiva advierte que el cuerpo social es incapaz de sacudirse. Mientras la razón pública reclama fuerza, vigor y energía transformadores, los brazos languidecen en espera de mejores condiciones para tal o cual reforma, de tiempos más oportunos para la construcción de las soluciones a nuestros problemas.

El individuo social percibe con angustia y frustración los efectos paralizantes del sueño de la siguiente elección o del fracaso del adversario. La conciencia está activa, tiene claras las prioridades, pero los músculos no saben cómo ni cuándo moverse. México es como aquella mujer que Johann Heinrich Füssli pintó en su famoso cuadro La Pesadilla: inerte sobre el diván de sus complejos, expiada por la sonrisa burlona de su incapacidad para soñar su futuro, paralizada por el demonio de su pasado.

Fijar la atención en mover los pies o las manos. La posibilidad de que ciudadanos presenten propuestas de ley; las candidaturas independientes; el poder de juzgar con el voto el desempeño de los legisladores y de las autoridades municipales; los incentivos para que las iniciativas del Ejecutivo se discutan en un periodo limitado de tiempo; la reducción en diputados y senadores, para hacer más eficiente el trabajo parlamentario; la segunda vuelta presidencial con elecciones legislativas desfasadas; la capacidad del Presidente de observar parcial o totalmente las decisiones del Congreso, y la exigencia de una mayor representatividad para conservar prerrogativas como partido, son todos mecanismos para que el sistema político supere su parálisis. De eso se trata la reforma política que el Presidente propuso al Congreso: extremidades en movimiento, instituciones eficaces para atender los pendientes históricos, conciencia que moviliza a través de ciudadanos más actuantes, con amplios espacios de participación y, por tanto, mayor responsabilidad sobre el destino colectivo. Reglas que disuelvan los efectos paralizantes del interés parcial o del sueño personal. Herramientas para que la razón pública se exprese ágilmente en mayorías. Impulsos de la conciencia para salir de la atonía.

Reformar al Congreso

En el debate sobre la necesidad de modificar las reglas que articulan al sistema político mexicano no se presta suficiente atención a la reforma del Congreso. Siempre que se habla de la reforma política se asume que es indispensable poner fin a la parálisis política, pero pocas veces se reflexiona sobre las condiciones en las que funciona el Congreso mexicano. En ese debate se ha obviado una pregunta central: ¿las reglas que rigen la actividad parlamentaria incentivan la construcción de acuerdos y posibilitan el juicio ciudadano sobre el comportamiento de los legisladores? Intuyo que no. La normativa vigente responde todavía a un régimen de mayorías monocolores. Si bien son necesarias reformas que hagan viables las decisiones políticas en contextos de pluralidad política y de gobiernos divididos, es igualmente cierto que el Congreso debe ser objeto de una revisión profunda. Y en esa ruta deben, a mi juicio, atenderse dos cuestiones.

En primer lugar, los procesos parlamentarios se rigen formalmente por un reglamento que data de 1934, cuyas prescripciones han sido superadas por la realidad. Se trata de una norma ineficaz para encauzar institucionalmente la deliberación y dar certidumbre y previsibilidad a la formación de la voluntad legislativa. Frente a la ineficacia de este cuerpo normativo, en las legislaturas recientes se ha recurrido a los acuerdos parlamentarios para normar aspectos específicos del funcionamiento del Congreso.

Estos acuerdos no son sino pura y contingente discrecionalidad. Los procesos parlamentarios, desde la creación de leyes hasta los distintos instrumentos de control y vigilancia sobre otros poderes, no están sujetos a un marco de referencia estable e indisponible. No hay incentivos a la cooperación, previsiones expresas sobre el flujo de los procesos, ni es posible identificar cuál ha sido la posición asumida por cada legislador en torno a una determinada pieza legislativa. Podemos conocer el resultado, pero no la contribución y las actitudes de cada uno a lo largo del tiempo, lo que sin duda impide la asignación de créditos y responsabilidades. Sin reglas claras y preestablecidas, la dinámica parlamentaria es energía desatada, territorio sin ley. Cruel paradoja: en la casa de los hacedores de la ley, no hay ley que mande.

El segundo problema práctico es también una ausencia, un vacío. El derecho parlamentario no fija derechos y obligaciones concretas para los legisladores. No establece mecanismos para sancionar conductas disruptivas. Prácticamente en todos los parlamentos democráticos del mundo se prevén procedimientos para juzgar las conductas que impidan el normal funcionamiento de la institución, así como consecuencias frente al incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los legisladores. Al mismo tiempo, se contemplan derechos específicos y recursos ante la justicia para evitar que una mayoría impida el ejercicio de la función legislativa. En el parlamento mexicano se puede tomar la tribuna impunemente e igualmente se puede impedir que un legislador presente una iniciativa sin remedio alguno. El peor de todos los mundos.

La reforma política debe partir de la reforma al Congreso. De una reforma estructural que le dé al parlamento mexicano instrumentos para dinamizar internamente la función legislativa, y así hacer funcional a la democracia en su conjunto.

Fortalecer a la CFE

La Comisión Federal de Electricidad nació para igualar a los mexicanos en el acceso a la energía eléctrica. Hacia finales de la década de los 30, cuando fue creada, sólo 38% de los mexicanos contaban con ese servicio. Esta escasa penetración obedecía a razones de mercado: la Constitución del 17 permitía a los particulares generar electricidad y prestar dicho servicio, por lo que se enfocaron fundamentalmente a zonas urbanas de mayor rentabilidad. Dado que el mercado de la electricidad estaba sujeto a escasa regulación del Estado, las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población, y las actividades productivas, se desarrollaban con baja tecnificación, no formaban parte de las prioridades de expansión de la industria naciente. Sin embargo, la demanda aumentaba y, por tanto, los precios del servicio. Lázaro Cárdenas, consciente de las dificultades de repetir la receta expropiatoria aplicada a las empresas petroleras, optó por intervenir en el mercado de dos maneras: convirtió al sector en un “mercado privado regulado” y, al mismo tiempo, creó un agente público para prestar el servicio de manera directa, sobre todo en zonas que no generaban incentivos para los privados. La CFE es resultado de la combinación entre regulación y competencia para aumentar la oferta, bajar los precios y asegurar que un mayor número de mexicanos tuvieran energía eléctrica.

La nacionalización de la industria eléctrica convirtió, en la ley pero no en los hechos, a la CFE, en monopolio público. La compañía coexistió con otras cuatro que antes habían sido propiedad privada pero que, después de la nacionalización, se hicieron públicas a través de la adquisición de su capital accionario. Por razones de índole política y, en particular, debido a la influencia del sindicato de electricistas, esas compañías, que operaban en el centro del país, no fueron liquidadas, sino que se “fusionaron” a un ente público, nuevo en papel pero con pesadas cargas en su haber: Luz y Fuerza del Centro. Desde ahí, la historia que todos conocemos.

La ley que rige a la CFE se reformó por última vez hace más de tres lustros. En los últimos años, la gestión de las empresas públicas se ha fortalecido con instrumentos como la participación de consejeros independientes en la toma de decisiones corporativas, comités de auditoría y órganos de vigilancia externa, programas y presupuestos con base en resultados, evaluaciones permanentes al desempeño. El mundo ha reconocido derechos de los usuarios de los servicios públicos y se han legislado mecanismos para hacerlos exigibles, como la reparación del daño a causa de la mala prestación del servicio. En suma, el Estado somete a este tipo de organismos a controles más estrictos y les impone obligaciones claras en beneficio de las personas.

Para fortalecer a la CFE, presenté el pasado 1 de diciembre una iniciativa de reforma a la ley que la rige. Para hacerla más transparente, más moderna y proteger los derechos de los usuarios. Una reforma impostergable hoy, cuando la CFE asume a plenitud la misión que motivó su creación: igualar a los mexicanos en el acceso a un servicio público con calidad.

REFORMA: Plantean modificar su estatuto jurídico para garantizar que prestará el servicio público con calidad y calidez

El subcoordinador de proceso legislativo del PAN en la Cámara de Diputados, Roberto Gil, propuso una reforma para dar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una nueva estructura que le permita asumir las funciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y transparentar su toma de decisiones.

La iniciativa, turnada a comisiones para su análisis, pretende modificar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para incorporar a tres consejeros profesionales, nombrados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado.

"Para garantizar lo anterior, los consejeros deberán ser ciudadanos por nacimiento, profesionales en áreas afines a la industria energética, habiéndose desempeñado destacadamente en dichas áreas, trabajo o actividades de investigación o docencia, y no tener o haber tenido él o sus familiares en primer grado, alguna relación contractual, laboral, profesional o cualquier otra actividad relacionada con CFE, durante los 2 años previos a la designación", señala.

Además, se plantea que la vigilancia interna y externa de la CFE sea realizada por una articulación de órganos con facultades diferenciadas entre sí: el Consejo de Vigilancia, el Comisario, el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior de la Federación y un Auditor Externo.

Este conjunto de órganos de vigilancia y auditoría tendrían la tarea de revisar el destino y aplicación de los recursos públicos federales que reciba la compañía, por cualquier modalidad.

La propuesta panista contempla también establecer un capítulo especial que faculte, en términos precisos y concretos, los derechos de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica y, por otra parte, asigne concretamente las obligaciones a las que está sometida la empresa pública respecto de sus usuarios.

Gil Zuarth mencionó que la CFE debe modificar su estatuto jurídico precisamente para garantizar que prestará el servicio público con calidad.

"Al asumir las funciones de Luz y Fuerza, se torna impostergable que la CFE cuente con un marco normativo moderno y eficaz que responda al objetivo de incorporar las mejores prácticas de gobierno corporativo en el desempeño de ese organismo, y maximizar así las condiciones de transparencia, rendición de cuentas y confianza bajo las cuales la compañía se organiza, toma decisiones y satisface la demanda de las personas", expuso.